El jueves 19 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad, con 71 votos a favor y una ausencia, convirtiéndola en la normativa definitiva que sustituye el esquema de emergencia.

Qué establece la Ley

La norma crea un régimen permanente de prestaciones y financiamiento para personas con discapacidad, recuperando la mayor parte de los beneficios que estaban vigentes durante la emergencia. Mantiene la posibilidad de percibir una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, aun cuando el beneficiario tenga un empleo registrado o esté inscripto en el monotributo. Además, conserva el nomenclador único y asegura la actualización automática de los aranceles en función de la movilidad jubilatoria.

"Hay prestadores que no podrán vivir de su profesión", afirmó Julia Domínguez, de Trabajadores por la Inclusión.

Reacciones del sector

Organizaciones sindicales y profesionales del sistema de discapacidad expresan dudas sobre la viabilidad financiera del nuevo esquema. Señalan que la falta de recursos claros podría obligar a muchos prestadores a abandonar su actividad, poniendo en riesgo la cobertura de servicios para la población beneficiaria. La normativa entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, pero su efectividad dependerá de la asignación presupuestaria y de la capacidad operativa de los organismos encargados.