El viernes 20 de noviembre de 2026, en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Economía Nacional y Legislación, los senadores de la bancada La Libertad Avanza firmaron el dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.
Qué contempla el texto
El proyecto define como "nuevas actividades económicas" a cualquier iniciativa industrial, tecnológica o de servicios vinculada a infraestructura tecnológica y digital estratégica que, al momento de entrar en vigencia, no exista o se encuentre en fase experimental en el país. > "Se entenderá por nuevas actividades económicas a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto" (dictamen).
Entre los sectores señalados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala y la fabricación de pequeños reactores nucleares. El dictamen incorpora, con modificaciones respecto al texto original aprobado por la Cámara de Diputados, un programa de proveedores locales del 20 %, "sujeto a condiciones de mercado".
Firmas y disidencias
El dictamen fue suscrito por senadores de diversos bloques, entre ellos Agustín Monteverde (LLA-CABA), Patricia Bullrich (LLA-CABA) y Carmen Álvarez Rivero (JxC-Córdoba). En disidencia parcial firmaron Mariana Juri (Frente Cambia Mendoza), Daniel Kroneberger (JxC-La Pampa) y Eduardo Galaretto (JxC-Santa Fe).
Calendario y expectativas
Según lo indicado, el proyecto podría incorporarse al orden del día de las sesiones ordinarias ampliadas a partir de diciembre, o bien formar parte del temario de sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo establezca. La iniciativa se alinea con la política de suministro de materias críticas y energía para data centers impulsada por Estados Unidos, conocida como "PAX Silica".
El dictamen también establece un marco de estabilidad jurídica de 30 años, que impediría la modificación de leyes tributarias, cambiarias, económicas o ambientales que pudieran afectar la rentabilidad de los proyectos beneficiados.
