El sistema financiero de Paraguay atraviesa una de sus peores crisis en años. La intervención del Banco Central y el posterior cierre del Ueno Bank dejaron a cerca de dos millones de personas sin poder disponer de sus ahorros, en su mayoría trabajadores informales, comerciantes y pequeños ahorristas que usaban la entidad como billetera virtual para sus gastos diarios.
El desenlace político fue vertiginoso. Ante la inminencia de un juicio político en el Congreso y el retiro del respaldo del oficialismo que lidera Horacio Cartes, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia. El abogado paraguayo Dante Leguizamón Morra, especialista en Derechos Humanos, analizó el episodio y sostuvo que la salida del mandatario no fue una decisión espontánea.
Una renuncia con cálculo político
Según Leguizamón Morra, la dimisión le permite a Peña asumir de forma automática una banca en el Senado como senador vitalicio. Ese cargo le otorga fueros parlamentarios que complicarían cualquier investigación judicial futura por su presunta participación accionaria en el grupo financiero y por una posible fuga de capitales al exterior.
"Se trata de una maniobra estratégica para conservar los fueros", señaló el especialista al describir la secuencia de la jornada.
El entrevistado es hijo del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1997, y viene siguiendo el deterioro institucional del país vecino.
El colapso de un gigante financiero
El Ueno Bank había logrado una bancarización masiva en muy poco tiempo. Su modelo operativo se parecía al de las billeteras virtuales de uso extendido en la región: concentraba los ingresos cotidianos de amplios sectores de la población. La revelación de desbalances graves, préstamos millonarios sin garantía a personas cercanas al poder y el vaciamiento de sus arcas precipitaron el final.
El cierre de la firma desató protestas y un descontento social que puso al gobierno contra las cuerdas. La combinación de la pérdida de los ahorros y la crisis política derivó en el escenario que terminó con la salida anticipada del presidente.
El caso sigue abierto: la renuncia de Peña no clausura las causas judiciales ni las preguntas sobre el destino de los fondos que habrían salido del país.
