Entre los años 2021 y 2024 la Argentina registró una pérdida de 1.117.256 hectáreas de cobertura forestal, según el análisis de la plataforma ArgenFields. El estudio se basa en el mapa de cobertura forestal JRC GFC2020 v4, referencia de la Comisión Europea para la aplicación del Reglamento 1115/2023, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Concentración geográfica de la deforestación
Los departamentos más afectados son diez en total, con la mayor pérdida en el departamento Almirante Brown (Chaco), donde se destruyeron 97.730 ha. A nivel provincial, Santiago del Estero encabeza la lista con 262.241 ha desmontadas, seguido de Chaco y Formosa. Las otras provincias que completan el top-10 son Corrientes, Misiones, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Chubut y Río Negro.
"Los números son una estimación, redondeada a la hectárea", explicó un responsable de ArgenFields.
Metodología y alcance del cálculo
ArgenFields midió la deforestación sobre una cuadrícula de 150 metros dentro de los límites de cada uno de los 496 departamentos definidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La pérdida contabiliza tanto incendios como áreas de forestación cosechada, por lo que no todo corresponde a desmonte puro.
Implicancias para el comercio exterior
El Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea prohibirá, a partir del 1 de enero 2027, la compra de commodities agrícolas provenientes de zonas que hayan sufrido deforestación desde 2021. Esto afecta directamente a la soja y la carne argentinas, que podrían ser vetadas si se originan en los departamentos señalados.
Contexto normativo local
Aunque la pérdida de cobertura no implica necesariamente una infracción a la legislación nacional –la Ley de Bisques de 2006 clasifica áreas en rojas, amarillas y verdes–, la medida europea colisiona con la normativa interna y podría presionar a los productores a adoptar prácticas de trazabilidad más estrictas.
Próximos pasos
El listado completo de los departamentos con mayor reducción forestal está disponible para consulta pública, y se espera que autoridades locales y sector productivo revisen sus cadenas de suministro antes de la fecha límite europea.
