El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, dispuso mediante la Resolución 260/2026 que las empresas con actividad en el territorio bonaerense deberán informar mensualmente sus datos laborales a través del sistema FUTURO (Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos). La obligación rige desde enero de 2027 y alcanza a empleadores con domicilio legal, fiscal o establecimientos en la provincia que tengan personal en relación de dependencia.

La medida generó el rechazo inmediato de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que preside Nicolás Pino. La entidad consideró que la normativa representa "un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo" y reclamó a los funcionarios de Axel Kicillof que "revean esta medida, reconsideren sus alcances y avancen hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación, la eficiencia y la reducción de las cargas administrativas".

Qué debe presentar cada empleador

Según la resolución, las empresas deberán subir al Portal de Trabajo (SITRADIB) una declaración jurada mensual con información salarial y de jornada, los recibos de haberes y los comprobantes bancarios que acrediten el pago de sueldos, entre otra documentación respaldatoria. Los archivos se adjuntan en formato PDF. También se deben incluir los acuerdos sobre jornada o descansos cuando correspondan. La documentación laboral de los trabajadores debe conservarse por un mínimo de dos años.

Para la SRA, la exigencia va en contra de la simplificación administrativa. "Consideramos que esta normativa representa un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores", sostuvo la organización en un comunicado.

El argumento de la entidad rural

La entidad agregó que la obligación llega en un momento poco oportuno. "Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes", señaló.

Los ruralistas también marcaron una diferencia entre controlar el cumplimiento de las normas y multiplicar trámites. "Entendemos que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado", completaron, y pidieron "medidas que generen previsibilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo y la generación de nuevos empleos formales, no nuevas trabas que dificulten la actividad productiva".

La Resolución 260/2026 se conoce en paralelo a otra iniciativa vinculada al empleo rural: el Renatre lanzó un plan de pagos para empleadores que regularizaron a sus trabajadores pero quedaron con aportes pendientes.