La CGT cerrará el año sin convocar un paro general. La central obrera evaluó medidas de fuerza parciales, pero la falta de acuerdo interno y un escenario económico adverso la llevaron a privilegiar reclamos puntuales. La primera cita será el jueves próximo, con una movilización a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir el pago de una deuda estatal con las prestadoras y discutir los costos del sistema.

La decisión se conoció después de que los dirigentes escucharan en la UCA el mensaje del Papa León XIV durante su visita al país. En la sede de Azopardo 802 no hay fecha para una reunión del consejo directivo, según confirmaron fuentes sindicales. La conducción que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) analizó la posibilidad de interrupciones de tareas de dos a cuatro horas en los lugares de trabajo, pero la iniciativa quedó frenada.

"Se habló en modalidad de 3/4 en los lugares de trabajo. Es una posibilidad, pero no hay confirmación", señalaron fuentes sindicales.

Un retroceso con varias causas

El repliegue de la CGT se explica por una combinación de factores. Las bases gremiales muestran desinterés, las medidas de fuerza perdieron efectividad y el mercado laboral se fragmentó con altos niveles de informalidad. A eso se suma la sanción de la reforma laboral, que modificó el terreno de disputa. Los sindicatos concentran ahora sus esfuerzos en sus propias organizaciones y no logran articular una estrategia común.

"Cada uno está tirando cocodrilos alrededor de su sindicato para afrontar la situación", graficó un dirigente cegetista.

El panorama productivo que describen los gremialistas es crítico. Desde noviembre de 2023 cerraron 32.429 empresas y se perdieron 274.000 puestos de trabajo registrados, una caída del 4,3%. La capacidad instalada utilizada ronda el 60,1% y la informalidad alcanza a cerca del 45% de los trabajadores. Las paritarias, condicionadas por topes oficiales, completan un cuadro de incertidumbre.

Cuatro paros sin efecto y una disputa judicial

Desde la asunción de Javier Milei, la CGT convocó cuatro huelgas generales. La última fue en febrero de 2026 y no incluyó movilización. Ninguna de esas medidas logró torcer el rumbo económico ni mejorar la capacidad de convocatoria de la central. Buena parte de la disputa se trasladó a la Justicia, con presentaciones para frenar artículos de la nueva ley laboral.

La puesta en marcha de la norma tampoco compensó la caída del empleo privado: las nuevas contrataciones quedaron 37.800 puestos por debajo de las bajas registradas, según el SIPA. El Gobierno, mientras tanto, consolidó los descuentos salariales por días de paro y el límite a la homologación de los acuerdos paritarios. La pauta de referencia pasó del 1% mensual en 2025 al 2% en 2026, con el Ministerio de Economía ordenando la política salarial y la Secretaría de Trabajo ejecutándola.

"La CGT es la única institución histórica a la que le entró la bala con este gobierno. El gran perdedor es el movimiento obrero", sintetizó una fuente sindical.

El cuadro se completa con las finanzas gremiales en rojo: obras sociales con déficit y estructuras recreativas como hoteles y campings deterioradas. La movilización del jueves a la SSS será la primera señal de una central que, por ahora, elige la prudencia antes que el desafío frontal.