La justicia federal presentó una causa contra la Armada Argentina por presuntos manejos irregulares que sumarían alrededor de $1.600 millones en la liquidación de haberes del personal naval.

Denuncia y personas involucradas

La alerta la dio una teniente de navío, también contadora pública, que trabaja en la sección de sueldos. Ella detectó irregularidades y la informó al jefe del servicio contable, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, quien formalizó la denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 de Comodoro Py.

Según fuentes dentro de la institución, entre 25 y 50 individuos, tanto militares como civiles, estarían vinculados a los supuestos fraudes.

"Se radicó la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades", indicó el comunicado oficial de la Armada.

Cómo se habría ejecutado el fraude

Los presuntos esquemas incluyen la generación de viáticos por viajes al exterior que nunca se realizaron, conocidos como “viáticos fantasma”.

También se habrían usado números de CUIL de personal retirado o dado de baja para registrar cobros inexistentes.

Otro método consistiría en asignar suplementos –horas extras, especialidades como buceo, entre otros– a personal que no desempeñó esas funciones, obligando a devolver la mitad del importe percibido.

"Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo", afirmó la Armada en su comunicado.

Reacción institucional y contexto político

El escándalo coincidió con el anuncio del presidente Javier Milei de un refuerzo presupuestario de $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

En ese momento, el almirante Juan Carlos Romay se encontraba en Asunción, Paraguay, donde recibió la Medalla al Mérito del presidente Santiago Peña Nieto.

Próximos pasos

El caso seguirá bajo la jurisdicción del magistrado Sebastián Ramos. La Armada ha iniciado una actuación administrativa para identificar y corregir las inconsistencias detectadas en los pagos.

Se espera que la investigación determine responsabilidades y establezca las sanciones correspondientes, garantizando el cumplimiento de la ley y la correcta administración de los recursos públicos.