La Justicia de Neuquén avanzó sobre una concejal de San Patricio del Chañar acusada de haber participado en la sanción de una norma que terminó beneficiándola con un terreno municipal. El juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos contra Mónica Beatriz Barrera por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y fijó en cuatro meses el plazo para la investigación penal preparatoria.
La imputación fue sostenida por el fiscal Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat, con el respaldo de la querella de la Fiscalía de Estado. El delito que se le atribuye a la edil está previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal, en carácter de autora.
El recorrido de la ordenanza
Según la hipótesis que el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino presentó en la audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera solicitó al Ejecutivo municipal que dejara sin efecto una norma de 1996 y que le vendiera el Lote 10 de la Chacra 28, en Picada 9.
El expediente ingresó al Concejo Deliberante y el 24 de junio de 2025 la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. Para la Fiscalía, esa instancia se resolvió con la participación de la propia concejal y sin un dictamen jurídico previo formal. Al día siguiente, en la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera fundamentó el proyecto y votó a favor. La ordenanza se aprobó con tres votos a favor y dos en contra.
El resultado quedó plasmado en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y llevó la firma de la viceintendenta y presidenta del Concejo, Marta Verónica González.
Por qué la Fiscalía cuestiona el trámite
El MPF sostuvo que la aprobación no respetó requisitos de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellos, la mayoría de dos tercios del Concejo —es decir, cinco votos— y la obligación de convocar una licitación pública o remate para vender inmuebles del municipio. También indicó que el dictamen jurídico escrito se sumó al expediente minutos después de que cerrara la sesión.
La Fiscalía había pedido imputar también a González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no aplicó los controles que le correspondían durante el proceso. Hermosilla rechazó esa acusación en esta etapa: entendió que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta de la viceintendenta.
Con la apertura formal de la causa, la acusación tendrá cuatro meses para profundizar las medidas del caso.
Otro expediente en la Justicia neuquina
En paralelo, a mediados de septiembre la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral. El fallo también le ordenó retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Severini, con un plazo de diez días para cumplir y evitar nuevas sanciones económicas. El tribunal hizo lugar de manera parcial al reclamo e impuso las costas a la demandada.