El gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, aprobó el sábado 14 de noviembre de 2026 un decreto que priva de derechos constitucionales a los habitantes de Zacapa e Izabal durante 30 días, como respuesta a una escalada de violencia que ha cobrado varias vidas.
El Decreto Gubernativo Nº 8-2026, publicado en el diario oficial el domingo 15 de noviembre de 2026, se sustenta en el artículo 138 de la Constitución y en la Ley de Orden Público, que permiten limitar temporalmente libertades cuando la paz pública está gravemente amenazada.
"la situación compromete el orden público, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz", señaló el Ejecutivo.
Violencia que desencadenó la medida
Desde finales de septiembre se registraron ataques mortales en la zona. El 27 de septiembre una serie de agresiones en Huité dejó ocho fallecidos, entre ellos participantes de un evento deportivo. El 6 de noviembre el diputado Julio César Portillo Paz fue asesinado en una emboscada en la ruta al Atlántico, junto a sus tres escoltas de la Policía Nacional Civil. El 13 de noviembre una masacre en el caserío El Tocino, Zacapa, cobró la vida de cinco personas, incluida una madre y sus dos hijos; el mismo día, dos hombres fueron abatidos frente al parque Reina Barrios, en Puerto Barrios, Izabal.
Alcance del estado de sitio
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a restringir la libertad de acción, las condiciones de detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación y la tenencia y portación de armas.
"se podrán limitar la libertad de acción, las condiciones de detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, además de la tenencia y portación de armas", explicó el Ejecutivo.
Asimismo, se pueden prohibir concentraciones, controlar la circulación y el estacionamiento de vehículos, y efectuar allanamientos sin autorización judicial cuando existan indicios de personas con orden de captura o armas vinculadas a los delitos investigados.
Procedimiento y control institucional
El presidente, como comandante general del Ejército, supervisará la medida a través del ministro de Defensa Nacional, que coordinará con el Ministerio de Gobernación y otras dependencias del Ejecutivo. El Congreso dispone de tres días para ratificar, modificar o rechazar la disposición.
Al concluir el periodo de 30 días, la autoridad evaluará si la seguridad y el orden público han sido restablecidos, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los ataques que motivaron la declaratoria.