El 22 de septiembre de 2026, en la Cámara de Diputados, el Gobierno dio marcha atrás a una medida del Presupuesto que habría limitado la actualización del nomenclador de prestaciones básicas para la discapacidad. La decisión se produjo tras una reunión del bloque La Libertad Avanza (LLA) con representantes de los partidos aliados.

Acuerdo en la Cámara

Los dirigentes de LLA –Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado– entregaron a los legisladores un borrador que preserva la mayoría de los compromisos de la emergencia, pero le otorga carácter permanente. El texto elimina la propuesta que excluía valores universales del nomenclador, lo que habría permitido a cada obra social o prepaga fijar sus propios precios.

En su lugar, se mantiene la actualización mensual del nomenclador a los prestadores, punto que el Poder Ejecutivo había rechazado hasta el último momento. Según el bloque Pro, "Esto es un triunfo del trabajo de los aliados".

"Esto es un triunfo del trabajo de los aliados", afirmó un portavoz del bloque Pro.

Reacciones y próximos pasos

Tras el encuentro, los bloques Pro y UCR confirmaron que el oficialismo les comunicó el cambio y que contarán con su respaldo en la comisión de dictamen prevista para mañana. Sin embargo, la medida sigue pendiente de la firma final de la Casa Rosada.

Participaron en la reunión diputados de LLA, Fuerza del Cambio, MID, Pro, UCR, Elijo Catamarca, Provincias Unidas, Argentina Federal y La Neuquinidad. La mayoría mostró disposición a apoyar el dictamen, aunque algunos aliados pidieron cautela al revisar la letra chica del proyecto.

El giro implica que la política de discapacidad pasará de una emergencia temporal a un esquema permanente, incorporando también la solicitud del Pro de publicar el cronograma de pagos de las compensaciones.

Se espera que, una vez aprobado por la Casa Rosada, el proyecto se someta a votación en la comisión y, de ser respaldado, se convierta en la norma que regirá el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.