Tres compras de peso se confirmaron en cuestión de horas la semana pasada y todas tienen fecha de vencimiento: el 17 de noviembre. Ese día empieza a regir el régimen de control previo de concentraciones de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, y los grupos empresarios locales apuraron el cierre de sus operaciones para no quedar atados a la nueva exigencia.
El primero en moverse fue José Luis Manzano, accionista de Edenor y Metrogas. A través de su vehículo de inversión, Integra Capital, confirmó la compra de los 107 restaurantes de Burger King en el país, que estaban en manos del holding mexicano Alsea —también operador de Starbucks en Argentina—. En paralelo, cerró su ingreso como socio en la cadena de supermercados Día junto a Francisco de Narváez.
Horas más tarde, Molinos Río de la Plata anunció la adquisición de Tía Maruca, la marca de galletitas de larga tradición en las góndolas argentinas. Las tres transacciones se conocieron el mismo día y comparten un mismo patrón: se anunciaron o se cerraron antes de la fecha límite.
Qué cambia a partir del 17 de noviembre
Hasta ahora, una empresa podía cerrar la operación y notificar al regulador después. Con el nuevo esquema, las fusiones y adquisiciones que superen ciertos umbrales de facturación deberán obtener el visto bueno de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) antes de concretarse.
El cambio no es un detalle administrativo. Para las operaciones con impacto más discutible sobre el mercado, la autorización previa agrega una cuota de incertidumbre que puede afectar el precio, el diseño del negocio e incluso su viabilidad.
"Al final del camino, las autoridades tendrán más poder si opinan antes de que se cierre la transacción que si lo hacen después. Este contexto apuró negocios en los últimos meses, sin dudas", explicó un especialista del sector.
La entrada en vigencia llega un año después de la constitución formal del organismo de competencia, plazo que se cumple justamente este 17 de noviembre.
El caso Telecom-Telefónica, la advertencia
El antecedente que mejor ilustra lo que implica que el regulador opine antes es la fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Anunciada en febrero de 2025, fue suspendida preventivamente en marzo de ese año por la Secretaría de Industria y Comercio. Recién en junio de 2026 el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) la autorizó, pero con condiciones severas.
El organismo exigió a Telecom transferir 6 millones de clientes móviles activos a un competidor independiente: 4 millones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2 millones en el interior. También debió ceder el espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio y desinvertir la cartera de abonados de Movistar en 28 localidades de cinco distritos, que incluyen 211.400 abonados de telefonía fija, servicios corporativos y mayoristas.
"Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país", señalaron desde Telecom.
La compañía cuestionó la resolución y sostuvo que la obligación de desinvertir no se corresponde con el mapa actual del sector.
Un fenómeno que viene de antes
La compra de marcas globales por parte de empresarios locales no empezó esta semana. Hace al menos tres años que las multinacionales fueron vendiendo sus operaciones argentinas a grupos nacionales, un proceso que los analistas atribuyen a la dificultad de las grandes corporaciones para interpretar el mercado interno. Lo nuevo es la velocidad: la proximidad del 17 de noviembre funcionó como un disparador para cerrar acuerdos que, con las reglas nuevas, hubieran requerido una aprobación previa.