El 10 de abril de 2025 el Ministerio de Salud, a través del exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Alejandro Vilches, entregó a la Justicia un informe que describe irregularidades graves en la compra de dispositivos médicos durante la gestión Spagnuolo.

Precios que superan al PAMI

El documento señala que la exAndis pagó $425 millones a la empresa Farma Salud por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. En contraste, el PAMI adjudicó el mismo artículo a Siprotec SA por $124,200,000, lo que implica un sobrecosto de 1972 %.

En otro caso, la diferencia entre la factura de Andis y la compra del PAMI por una válvula pulmonar autoexpandible alcanzó un 711 %. Los implantes cocleares presentaron un incremento de 269 % respecto al precio de referencia de mercado, pasando de US$ 12,125 a US$ 62,613 por unidad, según el informe.

El neuroestimulador adquirido a Neurosalud mostró una brecha del 219 % entre el valor abonado ($132.4 millones) y el precio de referencia.

Entregas inexistentes y firmas bajo presión

Un caso concreto involucró a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis de amputación. En los registros figuraba un remito firmado por la madre del beneficiario, pero la verificación directa reveló que la firma se obtuvo bajo inducción a error y la prótesis nunca fue entregada.

"Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario, pero la rúbrica fue obtenida bajo inducción a error y no representa la recepción material del bien", señaló el informe.

Respuestas de los proveedores

Farma Salud negó haber efectuado pagos indebidos a funcionarios de la Andis y apuntó a un tercer accionista como posible responsable. La empresa también cuestionó la metodología de los cálculos presentados.

Indecomm, otra proveedora, tuvo seis facturas analizadas; una de ellas fue pagada dos veces, sumando $28.7 millones en duplicado.

El informe concluye que las observaciones realizadas podrían constituir apartamientos a la normativa vigente y que el proceso de intervención continuará para determinar responsabilidades.

Próximamente, la Justicia evaluará las pruebas y decidirá sobre posibles sanciones.