El Senado convirtió en ley este jueves dos iniciativas que venían trabadas: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que vuelve a fijar límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La primera obtuvo 47 votos a favor y 22 en contra; la segunda, 42 adhesiones y 26 rechazos.
El PCT es un acuerdo que la Argentina firmó hace décadas y que la Cámara alta ya había aprobado en 1998. Diputados lo devolvió modificado en agosto pasado, con un capítulo puesto en reserva, y ahora el Senado lo sancionó en su versión final. La norma forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos y en los convenios del Mercosur con la Unión Europea y con la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Qué cambia con el PCT y por qué generó resistencia
El tratado permite que una empresa, una pyme o una start up tecnológica proteja su invención en varios países con una sola presentación. El senador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), miembro informante de la comisión de Relaciones Exteriores, lo defendió como una herramienta que "simplifica los trámites internacionales" y evita tener que repetir la solicitud en cada jurisdicción.
El punto más discutido fue el capítulo II, que quedó en reserva durante el debate en Diputados. Ese apartado habilita que una patente registrada tenga validez durante 20 años en todos los países firmantes. Sectores vinculados a los laboratorios locales advirtieron que esa cláusula podría facilitar el llamado "evergreening" o reverdecimiento: una práctica por la cual las multinacionales introducen cambios menores en medicamentos ya existentes, sin mejoras terapéuticas reales, para estirar el monopolio y bloquear la competencia.
También señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería margen de decisión, porque los informes de oficinas extranjeras condicionarían sus dictámenes. Desde el oficialismo rechazaron esa lectura. El senador Guillermo Andrada (Catamarca), de Convicción Federal, sostuvo que los investigadores tendrán "una ventanilla única" para patentar en el exterior, pero que el país conservará la potestad de definir si una patente es válida. La peronista disidente Flavia Royón (Salta) puso el acento en que el sistema alcanza a 159 países.
El jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Catamarca), fue uno de los principales opositores y vinculó la aprobación con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que todavía no pasó por el Congreso. Según dijo, la Argentina levanta aranceles a 233 productos y garantiza tierras raras e intereses a las farmacéuticas estadounidenses.
La ley de propiedad privada y los topes a la venta de campos
La otra norma sancionada reincorpora el esquema que rigió desde 2011 durante el kirchnerismo. La ley fija un tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros, un límite del 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.
En materia de expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva, identificar de forma concreta el fin perseguido y responder a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La indemnización, en tanto, queda atada a esos parámetros.
Ambas iniciativas llegan al Ejecutivo para su promulgación después de un recorrido legislativo largo, marcado por la revisión en Diputados y por las diferencias entre los bloques sobre el alcance de las patentes y el resguardo de la soberanía industrial.