Las pick-ups que se usan a diario en el campo quedaron fuera del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) por una inconsistencia entre la ley que lo creó y su decreto reglamentario. La Ley 27.802 solo dejó afuera a los automóviles entre los bienes muebles nuevos amortizables en Ganancias, pero la norma que la instrumenta remite a una nomenclatura arancelaria de 2023 pensada para fines aduaneros, y esa remisión deja a las camionetas de trabajo sin posibilidad de computarse.

El análisis lo planteó la contadora Josefina Bavera en un artículo para Errepar, donde estudió el caso de una camioneta afectada a un establecimiento rural. Su conclusión: no es un automóvil, pero tampoco entra, porque su posición arancelaria (NCM 8704.21.90) no lleva la sigla "BK" que exige el Anexo I del Decreto 557/2023.

Qué dice la ley y qué agrega el reglamento

El artículo 180 de la Ley 27.802 define la inversión productiva con cinco elementos positivos y una única exclusión entre los rodados: los automóviles. El texto habla de "bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias", y menciona además obras afectadas directamente a actividades productivas en el territorio argentino.

La elección de la palabra no es casual: el legislador puso "automóviles" y no un término más amplio como rodados, vehículos o automotores. El segundo párrafo del mismo artículo enumera de forma taxativa las otras exclusiones —activos financieros, de portfolio y bienes de cambio— y ninguna menciona camionetas ni vehículos de carga.

El requisito que sí impone la ley es de fondo: el bien tiene que estar afectado directamente a la actividad productiva y ser amortizable en Ganancias. Una camioneta patentada a nombre de la empresa y usada en el establecimiento cumple con esas condiciones, algo que la doctrina tributaria nunca discutió para los utilitarios.

El nudo está en la reglamentación

El Decreto 242/2026 no se limita a precisar qué es un bien mueble amortizable. Suma un requisito positivo al definir los bienes alcanzados y remite a la nomenclatura arancelaria, donde la pick-up queda fuera por una cuestión de codificación.

"El problema no está en la ley, sino en una integración normativa defectuosa que el reglamento puede y debe corregir", sostiene el análisis. La misma lógica alcanza a otros utilitarios, según la actividad que desarrolle la empresa.

En una explotación agropecuaria, la camioneta traslada personal, insumos, animales, repuestos y herramientas entre lotes, galpones y la planta de acopio. Es el vehículo que usa a diario el personal de mando intermedio o el líder de equipo, y suele ser el primero que se renueva.

Por qué pesa para una microempresa

Acceder al RIMI exige una inversión de U$S 150.000. Para una microempresa agropecuaria, dejar la pick-up fuera del cómputo puede definir si alcanza o no ese umbral. El régimen ya tiene herramientas para excluir bienes que no cumplan los requisitos sustanciales, sin necesidad de un filtro adicional por vía reglamentaria.