Ecuador atraviesa un nuevo episodio de El Niño con una cifra que resume la urgencia: 102.187 personas afectadas por las lluvias desde el 29 de agosto, según el informe de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actualizado al 19 de noviembre. El organismo había declarado alerta roja en todo el territorio un día después de que el Comité ERFEN confirmara la presencia del fenómeno, el 28 de agosto, ante el calentamiento del océano Pacífico y el pronóstico de precipitaciones más intensas hacia el cierre del año.

Un antecedente que pesa

La referencia obligada sigue siendo el episodio de 1997-1998. La CEPAL calculó entonces daños por USD 2.869,3 millones, cerca del 15% del PIB ecuatoriano de esa época. El desglose muestra dónde pegó más fuerte: USD 1.515,7 millones en sectores productivos, de los cuales USD 1.243,7 millones correspondieron a actividades agropecuarias y pesqueras, y otros USD 830,3 millones a infraestructura, sobre todo transporte y telecomunicaciones.

A casi tres décadas, el país cuenta con sistemas de monitoreo climático y una estructura institucional de gestión de riesgos que antes no existía. La pregunta que sobrevuela la emergencia actual es si esa mejora alcanza para reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas.

Dónde se concentra el impacto

El registro oficial contabiliza 1.716 eventos adversos distribuidos en 172 cantones y 555 parroquias de las 24 provincias. Las inundaciones explican el 59,62% de los incidentes, seguidas por los deslizamientos, con el 16,67%.

Las provincias más castigadas —Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí— son las mismas que sufrieron en carne propia el episodio de fines del siglo pasado. La recurrencia no es casual: cuencas hidrográficas extensas, condiciones geográficas propicias y poblaciones e infraestructura asentadas en zonas de desborde explican por qué el agua vuelve a los mismos lugares.

Prever no es proteger

El INAMHI y el Comité ERFEN siguen de cerca las temperaturas del océano, las condiciones atmosféricas y las perspectivas de lluvia. Esa capacidad de anticipación, sin embargo, no se traduce automáticamente en menos daños. Las alertas necesitan obras de protección territorial, mantenimiento de rutas y preparación de las comunidades para convertirse en resultados concretos.

El fenómeno sigue en desarrollo y las perspectivas apuntan a precipitaciones más intensas en los últimos meses del año. Con ese horizonte, la emergencia actual funciona como una prueba de fuego para los mecanismos de prevención que Ecuador construyó desde la catástrofe que todavía recuerda.