En julio, durante la feria La Rural, el presidente Javier Milei anunció que la compañía Starlink, de Elon Musk, proveerá 6 000 kits de internet satelital y dos años de servicio a escuelas rurales, presentándolo como una donación del magnate.

El convenio, publicado esta semana, revela que el Estado financiará la instalación y el tercer año del servicio, desembolsando 13.640.580 dólares. La cifra que se promociona como donación asciende a 9.978.000 dólares, divididos en 2.778.000 dólares por los equipos y 7.200.000 dólares por los dos años de conexión, lo que equivale a 50 dólares por kit y 300.000 dólares mensuales.

En la práctica, el gasto público supera la supuesta aportación en 3.662.580 dólares. Ese sobrecosto cubre la instalación, asistencia técnica y el tercer año, que ya se paga con fondos del Estado.

"No se trata de una donación, es un negocio", señalaron analistas del sector.

Costos y forma de pago

El desembolso se realiza a través del Fondo de Servicio Universal (FSU), que recibe el 1 % de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones y es administrado por el ENACOM bajo la interventoría de Juan Martín Ozores. Cada kit implica un gasto de instalación de aproximadamente 860 dólares (unos 1.300.000 pesos).

Para comparar, un usuario particular puede contratar el mismo servicio en la web de Starlink por 65.000 pesos mensuales, cifra que resulta más económica que la propuesta estatal.

Alternativas nacionales y críticas

La empresa estatal ARSAT ya cuenta con capacidad para ofrecer internet satelital a instituciones educativas y presta el servicio en varias regiones. Sin embargo, la falta de inversión durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei dejó incompleto el proyecto ARSAT‑2, impidiendo que la opción nacional cubriera la demanda.

Además, otras compañías privadas como Orbith, Personal Tech o INSAT también ofrecen conectividad satelital, lo que plantea dudas sobre la necesidad de una contratación directa con Starlink.

"Es un montonazo. Gracias Elon", afirmó Milei al presentar el acuerdo.

Impacto y próximos pasos

El contrato permanecerá vigente hasta la próxima gestión, momento en que el Estado asumirá el pago total del servicio. Mientras tanto, la medida genera debate sobre la soberanía tecnológica y la eficiencia del gasto público en infraestructura digital para la educación rural.