La secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, quedó en el centro de una causa penal. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) la denunció junto a otros funcionarios y directivos empresariales por los beneficios que obtuvo la petrolera británica Harbour Energy al ingresar al RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones.
La presentación recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Los delitos que se imputan son abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
El antecedente que motoriza la acusación
El eje de la denuncia es una sanción de 2013. Según la PIA, Harbour Energy es la continuadora de Premier Oil, otra firma británica que fue penalizada ese año por realizar actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a las Islas Malvinas sin autorización nacional.
La petrolera desembarcó en el RIGI en noviembre de 2024, cuando el Ministerio de Economía la incluyó entre los proyectos beneficiados. Harbour Energy tiene una participación del 15% en el consorcio Southern Energy, que impulsa un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde la Argentina.
Los representantes de la empresa rechazan los argumentos de la Procuraduría. Sostienen que no existe continuidad entre Harbour Energy y Premier Oil, por lo que la sanción de 2013 no debería alcanzarla.
"No existe continuidad entre las firmas", señalan los representantes de la petrolera, según la versión que replica la denuncia.
Qué se investiga
La causa busca determinar si la inclusión de Harbour Energy en el RIGI se hizo pese al antecedente sancionatorio y si eso configuró un beneficio indebido. El expediente también apunta a otros funcionarios y a directivos de la empresa, aunque no se detallaron sus identidades.
El RIGI otorga ventajas impositivas y cambiarias a proyectos de inversión de gran escala. La denuncia llega en un momento sensible para el área energética del Gobierno nacional, que promociona al régimen como herramienta para atraer capitales extranjeros.
La causa recién comienza y resta la evaluación del juzgado sobre los planteos de la PIA. Hasta ahora no hay imputaciones formales ni medidas dispuestas contra los denunciados.