El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba puso en marcha un esquema para que empresas estatales y privadas paguen la construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas. La Resolución 208/2026, publicada en la Gaceta Oficial y vigente desde este lunes, otorga rebajas impositivas a cambio de esas obras.
La norma llega en un contexto de contracción económica y escasez de divisas para importar insumos. El propio ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, reconoció en la televisión estatal que el presupuesto público tiene límites para sostener la actividad social.
Cómo funciona el beneficio
Las entidades que inviertan en instalaciones de carácter social podrán descontar hasta el 20% del valor de la obra del Impuesto sobre Utilidades o del Impuesto sobre los Ingresos Personales. El beneficio se aplica por un máximo de cinco años y se liquida al cierre de cada ejercicio fiscal.
El mecanismo no implica un aporte estatal directo. La empresa financia primero la obra, reúne facturas y documentación respaldatoria, consigue la conformidad de la entidad receptora y recién después espera la liquidación anual para pedir el descuento. Los bienes terminados pasan a engrosar los activos fijos de la entidad estatal beneficiada.
La resolución también prevé una reducción del 10% para donaciones monetarias o en materiales a entidades estatales con fines sociales. El control del procedimiento queda en manos del Ministerio de Finanzas y Precios y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que autorizan, supervisan y evalúan cada caso.
Requisitos y filtros administrativos
Los negocios que obtengan al menos la mitad de sus ingresos brutos de actividades y servicios sociales podrán solicitar una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades o una bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Personales durante sus primeros cinco años. También pueden pedir exención del Impuesto Aduanero para importar equipos y tecnologías vinculados a esas tareas.
Ninguno de esos beneficios es automático: cada interesado debe presentar una solicitud ante el Ministerio de Finanzas y Precios y aguardar una autorización expresa. Ese filtro administrativo se suma a las dificultades que ya enfrentan las empresas cubanas para importar y operar.
"Complementar" la movilización de recursos desde el sector empresarial, planteó Regueiro al defender el esquema.
La decisión deja al descubierto una tensión del modelo cubano: el Estado conserva la administración de los servicios públicos, pero busca que el sector privado y las empresas estatales aporten capital para reparar instalaciones cuyo mantenimiento depende del presupuesto oficial. El deterioro acumulado de las redes de salud, educación, cultura, deporte y asistencia social excede la capacidad de financiamiento del Gobierno.
El esquema rige desde esta semana y su alcance dependerá de cuántas empresas acepten asumir el costo inicial de las obras a cambio de un alivio fiscal que llega, en el mejor de los casos, al año siguiente.