El régimen cubano presentará en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un anteproyecto de ley que sustituirá la normativa educativa aprobada tras la Revolución de 1959. La iniciativa surge en medio de una crisis que afecta a docentes, energía y logística en las escuelas.
Contexto de la reforma
El borrador consta de 10 títulos y 243 artículos, producto de diecinueve versiones previas. Su objetivo es actualizar un sistema que el Estado ha promocionado como uno de sus mayores logros, pero que hoy padece una escasez crónica de personal y recursos básicos.
Principales cambios propuestos
El texto establece la obligatoriedad de la enseñanza desde preescolar hasta el noveno grado y define la educación como un “bien público social” y un derecho garantizado por la Constitución. Asimismo, mantiene la gratuidad formal, pero introduce mecanismos de financiación no estatal: aportes de empresas, fundaciones y micro-, pequeñas y medianas empresas, además de la posibilidad de servicios privados como guarderías.
"La educación es un bien público social", establece el anteproyecto.
Otro aspecto relevante es la regularización de los “repasadores”, docentes particulares que actualmente ofrecen clases de refuerzo fuera del sistema oficial. La nueva normativa permitirá su actividad bajo supervisión estatal.
Desafíos y críticas
A pesar de la promesa de gratuidad, las familias siguen afrontando gastos de transporte, alimentación, materiales y uniformes, en una economía marcada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La incorporación de recursos privados contrasta con la larga postura del país de mantener la educación bajo control exclusivo del Estado.
Los críticos señalan que la apertura a la iniciativa privada no implica una liberalización total; el Estado conservará la autoridad para definir condiciones y límites de la participación externa.
El proyecto será debatido en la Asamblea, y su aprobación implicaría la derogación de la Reforma Integral de la Enseñanza de 23 de diciembre de 1959.