El 19 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que dos disposiciones del DNU 70/2023 son inconstitucionales. Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que los artículos 267 y 269, que eliminaban la capacidad del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las prepagas, carecían de fundamento legal.

Ese decreto, firmado por el presidente Javier Milei, había buscado suprimir la regulación de los precios en la medicina prepaga bajo la premisa de una supuesta crisis del sistema de salud. La Corte consideró que la medida no respondía a una verdadera urgencia y que, por tanto, el Ejecutivo no podía actuar por vía de decreto.

"El Poder Ejecutivo solo invocó una genérica ‘crisis del sistema de salud’, sin demostrar la necesidad inmediata que justifique la eliminación de competencias regulatorias", señalaron los jueces.

Los magistrados subrayaron que la justificación presentada no vinculaba de forma concreta la emergencia alegada con la supresión de los controles de precios, y exigieron una mayor exigencia probatoria para actos de urgencia.

Alcance potencial del fallo

Aunque la decisión se centró exclusivamente en el caso de las prepagas, la argumentación utilizada puede servir de precedente para cuestionar otras partes del mismo decreto. La Corte dejó clara que su pronunciamiento no implica una valoración de los demás artículos del DNU, pero la lógica empleada sugiere que cualquier medida adoptada sin la debida justificación podría ser vulnerable.

Reacciones de expertos constitucionales

El constitucionalista Roberto Gargarella calificó la sentencia como "un recordatorio de los límites del poder ejecutivo en situaciones de emergencia". Por su parte, Gustavo Ferreyra advirtió que el fallo "podría desencadenar una revisión integral del DNU, obligando al gobierno a buscar la vía legislativa para reformas estructurales".

El investigador Luis Campos del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma añadió que "la Corte envía una señal clara: la urgencia no es excusa para elusiones constitucionales".

Con la sentencia, el expediente vuelve al tribunal de origen para que continúe el proceso, mientras se espera que el Congreso evalúe la necesidad de intervenir legislativamente en los temas abordados por el DNU.

Próximos pasos

El fallo obliga al Ejecutivo a reconsiderar su estrategia de reformas mediante decretos de necesidad y urgencia. Se anticipa un debate parlamentario sobre la posible restitución de la facultad regulatoria del Estado en el sector de la salud y, potencialmente, sobre la revisión de otras disposiciones del mismo DNU.