La Provincia de Córdoba entregó 2.617 títulos de resoluciones posesorias en lo que va de la actual administración, según informó el Gobierno provincial. El trámite lo canaliza la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST), que depende del Ministerio de Justicia y Trabajo. En los últimos cinco años, los expedientes finalizados y entregados a sus poseedores suman 4.428.

El objetivo es que las familias beneficiadas queden reconocidas como poseedoras legítimas de sus inmuebles. Se trata de viviendas y tierras urbanas, rurales y semirurales que sus ocupantes habitan desde hace años, en muchos casos desde generaciones, pero sin escritura formal.

Qué cambia con el certificado

La ley 9.150, sancionada en marzo de 2004, creó un procedimiento administrativo para regularizar la situación posesoria. Antes de esa norma, quien quería formalizar su situación debía afrontar un juicio de usucapión: un trámite costoso y largo que quedaba fuera del alcance de muchos pequeños productores y vecinos.

Con el certificado en mano, el poseedor obtiene respaldo documental frente a terceros y queda protegido ante intentos de desalojo. Desde la promulgación de la ley, la Provincia regularizó alrededor de 10 mil títulos posesorios en departamentos como Pocho, Ischilín, Minas, Cruz del Eje, San Martín, San Alberto, San Javier, Santa María y Río Segundo, entre otros.

La historia detrás de la norma

El antecedente directo de la ley es la resistencia de Ramona Bustamante, una campesina del noroeste cordobés fallecida en 2021 a los 95 años. Ramona y su familia ocupaban campos ancestrales en el paraje Las Maravillas, departamento Río Seco, sin escrituras. Desde fines de 2003 enfrentaron intentos de desalojo por parte de empresarios agropecuarios que habían comprado títulos sobre esas tierras.

Su caso visibilizó la situación de miles de habitantes rurales que ejercían la posesión de buena fe pero no tenían herramientas legales para defenderla. La norma también respondió a una necesidad de orden público: el desorden en la titularidad de los inmuebles dificultaba planificar el territorio y dotar de servicios a comunidades informales.

Un registro con fines fiscales

La ley creó además el Registro Personal de Poseedores, que funciona en un folio especial del Registro General de la Provincia. Allí el Estado identifica a los poseedores reales de los inmuebles y les asigna las obligaciones tributarias correspondientes, como el Impuesto Inmobiliario Provincial. Así, la regularización también ordena la cadena de recaudación.

El trámite continúa abierto para quienes necesiten regularizar su situación. La UEST es la dependencia que recibe y evalúa los expedientes dentro del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial.