El Gobierno de Córdoba lanzó una campaña que solicita a los familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 que entreguen muestras genéticas para facilitar la identificación de víctimas del terrorismo de Estado.
Procedimiento y alcance
La iniciativa, gestionada por la Secretaría de Derechos Humanos, pretende ampliar la base de datos de ADN utilizada en procesos judiciales y forenses. Los interesados pueden acudir a los centros habilitados en la capital y en distintas localidades de la provincia, donde se les realizará una toma de sangre o hisopo bucal sin costo.
Los resultados se incorporarán al registro nacional de identidades, lo que permitirá cruzar la información con restos hallados y, en muchos casos, ofrecer respuestas a los familiares.
El proyecto se enmarca en la política provincial de memoria, verdad y justicia, y se espera que contribuya a cerrar capítulos pendientes de la dictadura.
